Dos cárceles. Dos mundos. Dos visiones diferentes. Dos modelos penitenciarios que coexisten actualmente en la República Dominicana y que definen, cada uno a su manera, lo que el Estado dominicano ha decidido hacer con las personas privadas de libertad.
La Victoria: 70 años de vergüenza nacional
La Penitenciaría Nacional de La Victoria fue construida en 1952, durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, para albergar a 1,700 reclusos. Sin embargo, ha llegado a concentrar más de 9,300 privados de libertad, convirtiéndose en el símbolo más crudo del fracaso del sistema penitenciario dominicano.
Cuando el equipo de Grupo de Medios Panorama entró al recinto, lo primero que golpeó no es lo que se ve sino lo que se siente. El calor es denso. El olor, pesado. Los pasillos son estrechos y oscuros. Las celdas, que deberían alojar a pocos internos, guardan a decenas. La ventilación es casi inexistente. El agua es escasa. La luz natural, un privilegio.
Las Parras: la apuesta por la dignidad
A 20 kilómetros de La Victoria, en el municipio San Antonio de Guerra, está ubicado el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. El contraste se percibe desde la llegada: un conjunto de edificaciones modernas, espacios abiertos e iluminados por luz natural, en un entorno que marca distancia con la imagen tradicional de los recintos penitenciarios del país.
El centro inauguró su primera fase operativa el 22 de noviembre de 2025, aunque su historia es más larga y complicada. Fue proyectado desde 2017 como la solución al colapso del sistema penitenciario, pero quedó paralizado durante más de cinco años porque se convirtió en el principal cuerpo del delito del caso Medusa, el mayor escándalo de corrupción del sector en la historia dominicana.
La primera fase tiene capacidad para más de 2,400 internos y cuando el complejo se termine por completo, se espera que alcance una capacidad de 8,500 presos. Cuenta con verjas perimetrales, torres de vigilancia, celdas distribuidas por cuadrantes, área de lavado de ropa en cada edificio, comedor, aulas educativas, talleres de sastrería y ebanistería, laboratorios de informática, áreas de visitas conyugales, celdas de observación y reflexión y salas de audiencias judiciales.
La diferencia con La Victoria es profunda. Los servicios de salud, psicología, trabajo social y demás son gratuitos. Nadie paga para comer. Nadie compra su cama. Cada interno que ingresa recibe una cama propia, un kit de higiene y ropa que identifica por color el cuadrante donde estará. Cada celda incluye un lavamanos y un inodoro.
María Soriano Herrera, directora del centro, explicó el modelo: “Es un sistema que garantiza todo lo que tiene que ver con la dignidad humana, con los derechos de las personas privadas de libertad y viene a humanizar, a tratar como seres humanos a cada privado de libertad”.