El expresidente de Perú Pedro Castillo se declaró el lunes (10.03.2025) en huelga de hambre como medida de protesta contra el juicio por el presunto intento de golpe de Estado de 2022, cuyas audiencias comenzaron la semana pasada y del que considera que ya se ha anunciado la condena.
En una carta publicada en su cuenta de X, firmada por Castillo como "presidente en cautiverio", el exmandatario dice que está "recluido injustamente" por actos "que nunca cometió" y denuncia que ahora el tribunal, "con una jueza que ha adelantado opinión", ha forzado el delito de rebelión para acusarlo y condenarlo.
"He decidido acatar (comenzar), a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo", escribió el exmandatario (2021-2022) en la carta firmada por él y por el abogado Walter Ayala.
Pide cambiar al tribunal que lo procesa
En declaraciones a la emisora RPP, Ayala confirmó que se desempeña como abogado de Castillo y que el expresidente reclama que cambien al tribunal que lo procesa, a pesar de que la sala ya rechazó la recusación contra una de sus magistradas.
El abogado que, sin embargo, no lo representa en el juicio, criticó que Castillo sea procesado por rebelión porque el fallido y presunto autogolpe no se concretó y no hubo un alzamiento de armas, pues no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Ayala agregó que también quieren llamar la atención de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de la Defensoría del Pueblo, para resguardar los derechos fundamentales del exmandatario.
Durante la audiencia del jueves pasado, en el inicio del juicio contra Castillo, para el que la Fiscalía pide 34 años de cárcel, el expresidente peruano reiteró que está en la cárcel "injustamente" y que no necesita del servicio de la defensa pública porque su único delito es "defender al pueblo".
Castillo dijo a los jueces que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para someterlo a un juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública.
Tomado de El Comercio