El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez-Trujillo, solicitó formalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, entregar una copia íntegra del Marco de Cooperación suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos en materia de minerales críticos y tierras raras, al considerar que la trascendencia económica y estratégica de estos recursos exige que el país conozca con precisión el contenido de lo acordado.
La petición se produce luego de que el Gobierno dominicano anunciara que el pasado 10 de septiembre Bisonó y la embajadora estadounidense Leah F. Campos firmaron un marco destinado a fortalecer la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, además de promover inversiones y proyectos relacionados con su extracción, separación y procesamiento. Según la información oficial, Estados Unidos mantiene instrumentos de esta naturaleza con 27 países.
En su comunicación, Domínguez-Trujillo deja claro que Esperanza Democrática reconoce la importancia de mantener y fortalecer las relaciones de cooperación con Estados Unidos y los demás socios internacionales de República Dominicana. Sin embargo, sostiene que cuando están involucrados recursos naturales de semejante valor estratégico, es necesario conocer exactamente los compromisos asumidos por el Estado dominicano y las condiciones bajo las cuales se desarrollará esa cooperación.
El líder de Esperanza Democrática pide específicamente una copia “íntegra y fiel” del instrumento firmado, incluyendo, si existen, anexos, apéndices, adendas, protocolos complementarios y cualquier otro documento que forme parte del acuerdo. También solicita las versiones oficiales en español e inglés, en caso de que el documento haya sido adoptado en ambos idiomas.
La solicitud adquiere relevancia ante los alcances anunciados públicamente por el Gobierno. La información oficial establece que ambos países prevén proteger sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras, identificar conjuntamente proyectos de interés y facilitar mecanismos de financiamiento para proyectos desarrollados en ambos territorios. El Gobierno ha precisado, además, que el instrumento tiene carácter político y programático y que no crea obligaciones jurídicamente vinculantes bajo el derecho nacional o internacional.