El conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Guepardo fue aplazado para el próximo martes 18 de febrero.
La decisión fue tomada por la jueza Franchesca Silvestre, titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, con el fin de permitir a la defensa técnica de los acusados estudiar a fondo el extenso documento de la medida y presentar los presupuestos correspondientes.
La estructura criminal vinculada al caso Guepardo estafó a más de cien personas, tanto dominicanas como extranjeras, mediante la venta fraudulenta de un proyecto inmobiliario, utilizando el nombre de una empresa establecida para generar confianza.
El monto total de la estafa asciende a US$18,851,583.12.
El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, imputadas en el caso.
Según el órgano acusador, Marisol Nova Nolasco, socia de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, se presentó como una constructora de prestigio y experiencia para engañar a las víctimas.
Mientras tanto, Rocío del Alba Rodríguez de Moya se encargó de publicitar los proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, que resultaron ser inexistentes. Además, captó clientes a través de la reconocida multinacional RE/MAX, con el propósito de generar credibilidad y confianza en los compradores.
La investigación se inició tras múltiples denuncias recibidas por la Fiscalía de La Romana, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, ha identificado que los miembros de la organización criminal recibieron la suma millonaria de sus víctimas.
Como parte de las diligencias, el pasado viernes 7 de febrero se realizaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante estos operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave que ha permitido al Ministerio Público establecer el modus operandi de la red delictiva.
Entre las pruebas reunidas contra la organización criminal se encuentran más de 284 evidencias, incluyendo documentos, peritajes, material audiovisual, pruebas materiales y testimonios.
Tomado de El Día