El Ministerio Público ejecutó este miércoles la sentencia condenatoria contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, tras gestionar la autorización judicial en cumplimiento de la condena irrevocable de cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la fiscal Andry De los Santos, ejecutó la orden de arresto emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, mediante el auto penal número 212-01-2025-SADM-00700, fechado el 2 de septiembre de 2025.
Pilarte López se entregó voluntariamente a las autoridades de la Procuraduría General de la República en La Vega, luego de que las fiscales Andry De los Santos y Sourelly Jáquez realizaran un allanamiento en su residencia con autorización judicial.
La condena contra la exlegisladora fue ratificada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al confirmar la sentencia de la Segunda Sala de ese tribunal, dictada el 28 de mayo de 2024. La decisión adquirió carácter irrevocable y autoriza al Estado a decomisar bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos, considerados producto del lavado de activos.
En el proceso, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La sentencia dispone que Pilarte cumpla cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago. Además, fue condenada al pago de 200 salarios mínimos y de las costas procesales.
Los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco, quienes habían conocido etapas anteriores del caso, se inhibieron en la fase de casación.
Durante el juicio, el Ministerio Público probó que Pilarte violó múltiples disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la antigua Ley 72-02.
Las investigaciones determinaron que Pilarte integraba la red de lavado encabezada por su esposo, Miguel Arturo (Micky) López Florencio, junto con sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte. También estaban vinculados los declarados en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.
El expediente reveló que la exdiputada colocó en el sistema financiero nacional más de RD$4,418 millones, pese a que entre 2003 y 2021 solo declaró ingresos de RD$16.3 millones, según registros de la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos.
Entre los bienes decomisados se encuentran terrenos, locales comerciales, condominios y parcelas en La Vega y Jarabacoa, con superficies que oscilan desde pequeñas porciones hasta más de 600 mil metros cuadrados, todos debidamente registrados en los tribunales.
La Procuraduría General de la República reafirmó que el caso constituye uno de los procesos más relevantes en la lucha contra el lavado de activos vinculados al narcotráfico en el país.
Tomado de Cibao Noticias