El sistema dominicano de pensiones exhibe cifras que, vistas de manera aislada, parecen contar una historia de éxito: más de RD$1.3 billones acumulados en las cuentas de capitalización individual, una rentabilidad nominal histórica de dos dígitos y una enorme capacidad para financiar al Estado y al sector empresarial.
El trabajador no puede disponer libremente del dinero acumulado en su cuenta, pero esos mismos recursos sí pueden ser utilizados inmediatamente por el Estado y las grandes empresas.
Una parte significativa de los fondos está colocada en instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Otra porción financia bancos, puestos de bolsa, fideicomisos, proyectos y empresas privadas mediante bonos y acciones.
Las compañías que reciben estos recursos pueden utilizarlos para ampliar operaciones, refinanciar deudas, adquirir activos o financiar capital de trabajo.
El trabajador, en cambio, no puede retirar parcial o totalmente sus ahorros antes de cumplir las condiciones legales, salvo en situaciones expresamente autorizadas, como pensión por vejez, discapacidad, sobrevivencia, ingreso tardío o cesantía por edad avanzada.
Una persona que enfrente una emergencia médica no reconocida como discapacidad, la pérdida de su vivienda, la educación universitaria de un hijo o la necesidad de capitalizar un pequeño negocio no puede tocar un solo peso de su cuenta.
En términos sencillos: el dinero está disponible para financiar a otros, pero permanece bloqueado para su propietario original.
La desigualdad no consiste solamente en determinar cuánto rinde el fondo. También obliga a preguntar quién puede utilizar esos recursos hoy y quién debe esperar décadas para recibirlos convertidos en una pensión insuficiente.
