El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Interior y Policía concluir, en un plazo de 10 días, el proceso de naturalización de 16 personas de origen haitiano beneficiadas con decretos presidenciales emitidos en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Mediante la sentencia TC/0473/26, el tribunal revocó un fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que había declarado inadmisible la acción de amparo presentada por los afectados y determinó que la omisión del ministerio vulneró varios de sus derechos fundamentales.
La decisión fue aprobada el 30 de junio de 2026 y el término para su cumplimiento comenzará a computarse a partir de su notificación formal al Ministerio de Interior y Policía.
Los accionantes habían sido beneficiados con la nacionalidad dominicana por naturalización ordinaria mediante los decretos 262-20 y 297-21, emitidos en aplicación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro civil dominicano y sobre naturalización.
Sin embargo, denunciaron que Interior y Policía mantenía paralizado el proceso al no realizar la juramentación, paso indispensable para obtener la documentación que acredita la ciudadanía dominicana.
