Un estudio presentado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), junto a organizaciones sociales y académicas, plantea que el modelo de financiamiento y prestación de servicios establecido por la Ley 87-01 ha favorecido una creciente participación del sector privado en el Seguro Familiar de Salud (SFS), lo que, según sus autores, ha incidido en el debilitamiento de los servicios públicos de salud.
La investigación, titulada «Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS», analiza la evolución del sistema entre 2010 y 2024 y sostiene que una parte importante de los recursos administrados por el Seguro Familiar de Salud ha sido canalizada hacia prestadores privados.
Entre los datos presentados, el informe señala que durante el período estudiado los prestadores privados recibieron el 80.5 % de los pagos realizados por el SFS, mientras que los prestadores públicos recibieron el 19.5 %.
Los investigadores indicaron además que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), como aseguradora pública con responsabilidad social, ha incrementado progresivamente la contratación de servicios privados. Según el estudio, dentro del Régimen Subsidiado los pagos realizados por SeNaSa a prestadores privados pasaron de representar un 21 % en 2010 a un 66.9 % en 2024.
Durante la presentación, los autores afirmaron que esta tendencia no se inició recientemente, sino que se ha desarrollado durante varios años como resultado de la expansión del modelo contributivo y de la creciente dependencia de la red privada para la prestación de servicios de salud.
