El Gobierno de Nicaragua ha desmantelado los Ăşltimos controles sobre su poder y para ello no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos, denuncia un informe presentado este miĂ©rcoles (26.02.2025) a la prensa por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado en la ONU para este paĂs.
Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestra que el EjĂ©rcito nicaragĂĽense participĂł junto con la policĂa y grupos paramilitares en la violenta represiĂłn contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, una implicaciĂłn que hasta el momento habĂa negado.
La investigaciĂłn y toda la informaciĂłn reunida por este Grupo señalan que el presidente Daniel Ortega y su esposa y ahora copresidenta Rosario Murillo "han transformado deliberadamente al paĂs en un Estado autoritario", donde ya no quedan instituciones independientes, ni voces disidentes porque Ă©stas han sido silenciadas tras una persecuciĂłn que va más allá de las fronteras del paĂs.
"En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua, y Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población", ha comentado el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon.
El golpe de gracia al Estado de derecho se produjo la semana pasada, cuando entró en vigor una reforma constitucional que eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, lo que ha dado lugar a un poder ejecutivo con dominio absoluto, según el análisis del Grupo de Expertos, creado en 2018 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La consecuencia concreta de esa reforma ha sido que los poderes judicial, legislativo y electoral se han convertido en simples "órganos coordinados” por la presidencia, según se explica.
Con testimonios de varios testigos, el informe detalla cĂłmo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de LiberaciĂłn Nacional.
El documento expuesto hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, que se reĂşne en Ginebra, incluye un anexo con una suerte de organigrama que ilustra la cadena de mando de arriba hacia abajo.
Hasta ahora 452 nicaragĂĽenses han sido arbitrariamente despojados de su nacionalidad, tras una Ăşltima acciĂłn de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 presos polĂticos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.
"Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo", comentĂł Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.
Asimismo, los expertos señalaron que algunas de las violaciones que figuran en este Ăşltimo informe siguen los patrones previos de crĂmenes de lesa humanidad, particularmente la persecuciĂłn por motivos polĂticos.
En este sentido, el Grupo indicĂł que ha elaborado una lista de personas que -además de Ortega y Murillo- considera responsables de esas violaciones y crĂmenes, y que será hecha pĂşblica antes de que concluya la actual sesiĂłn del Consejo de Derechos Humanos, el prĂłximo 4 de abril.
Este plazo se ha dado para dar a los implicados oportunidad de responder.
Sobre lo que se puede hacer ante esta situación, el informe indica que la inacción de la comunidad internacional "fortalece al régimen y prolonga el sufrimiento del pueblo nicaragüense", por lo que recomienda que se tomen acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
Asimismo, piden que los gobiernos faciliten procedimientos de asilo rápidos y justos, y el reconocimiento de los tĂtulos de los profesionales nicaragĂĽenses exiliados.
Tomado de AFP
