La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluyó que diez contrataciones realizadas por el Servicio Nacional de Salud entre 2020 y 2025 reunieron condiciones que pudieron limitar la entrada de nuevos competidores y reforzar la ventaja de los proveedores que ya prestaban los servicios.
El pronunciamiento responde a una solicitud presentada por el Grupo de Medios Panorama después de publicar la investigación “El otro Senasa: nutrición y diálisis, RD$13 mil millones bajo contratos de excepción en el SNS”.
El informe, fechado el 7 de septiembre de 2026, cuestiona varios de los argumentos utilizados en febrero por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, para defender los procedimientos.
Pimentel había sostenido que la contratación por exclusividad era legal, necesaria y estaba debidamente justificada por las características de un mercado altamente especializado. Procompetencia encontró, sin embargo, que la documentación examinada no demuestra que esa decisión estuviera precedida por una búsqueda suficientemente amplia y actualizada de posibles proveedores nacionales e internacionales.
La diferencia entre ambas posiciones se concentra en una pregunta sencilla: ¿participaban pocas empresas porque el mercado realmente tenía pocos proveedores capaces o porque los propios pliegos, plazos y condiciones reducían las posibilidades de competir?
Para Procompetencia, la baja participación registrada anteriormente no permitía responder esa pregunta ni justificaba, por sí sola, continuar utilizando la exclusividad.