En el Congreso se mueve un proyecto de ley que reorganiza el sector de los juegos de azar y que, entre otros aspectos, impone una veda de diez años para el otorgamiento de nuevas licencias de casinos, bancas de lotería y salas de tragamonedas, además de establecer penas de prisión para quienes operen al margen de la ley.
La iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados, pero antes de su aprobación final en el Senado fue detenida para más revisiones. La pieza dispone, en su artículo 190, que durante una década no podrán emitirse nuevas licencias para bancas de loterías.
La única excepción serán los casinos que formen parte de nuevos proyectos hoteleros. Además de frenar la expansión del sector, el proyecto endurece las sanciones contra las operaciones ilegales y, en ese sentido, el artículo 161 establece penas de uno a dos años de prisión para quienes operen sin licencia o fuera de los lugares autorizados, mientras que los artículos 162 y 163 contemplan condenas de hasta diez años de cárcel para infracciones más graves, como el uso de testaferros o la ocultación de ganancias.
La nueva legislación también crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo encargado de regular, supervisar y sancionar las actividades del sector.
Asimismo, el proyecto ordena la creación de un Sistema Único de Registro para concentrar la información de las apuestas y fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos.
Como parte de las medidas de regulación, el artículo 26 de la normativa en estudio dispone que los locales de apuestas no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas, hospitales e iglesias, mientras que, en el caso de las bancas de lotería, esa distancia se reduce a 200 metros.
Además, la ley también establece que las máquinas tragamonedas deberán devolver a los jugadores al menos el 85 % de lo apostado, según el artículo 72, y limita a 15 la cantidad máxima de estas máquinas por banca de apuestas deportivas.
