El Senado dominicano aprobó modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos bajo régimen de urgencia, sin que existiera una emergencia ambiental que lo justificara. El procedimiento se llevó a cabo sin consultar a técnicos ambientales, implementadores de la norma en territorio ni a las comunidades afectadas por la gestión de desechos.
Expertos cuestionan el proceso acelerado. No había catástrofe ni situación crítica que exigiera cambios inmediatos, pero el Senado saltó los trámites ordinarios de análisis técnico y consulta que caracterizan el proceso legislativo normal. Organismos ambientales e implementadores de políticas de residuos fueron excluidos del debate previo, lo que levanta interrogantes sobre los verdaderos intereses detrás de la modificación.
La falta de transparencia genera sospechas
La ausencia de diálogo abre preguntas sobre quiénes se benefician con esta reforma legislativa. Ciudadanos y organizaciones ambientales demandan mayor transparencia en los procesos que afecten la gestión de residuos sólidos en el país. El silencio donde debería haber participación pública es un indicador de que decisiones importantes se tomaron sin considerar el impacto ambiental y social que tendrán en la República Dominicana.